Según afirmaciones realizadas por el reconocido periodista venezolano Nelson Bocaranda en su columna Los Runrunes, el Gobierno de Venezuela pretende bloquear el Internet y las comunicaciones en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

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De igual manera, Bocaranda informó –según reseñas- que el pasado lunes 30 de noviembre fue llevada a cabo una reunión en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) donde participaron funcionarios gubernamentales, para definir estrategias que mantengan controlada la información emitida por los periodistas. Según publica, en dicha reunión se acordó que “bloquearán a algunas personalidades, partidos, ONGs, líderes, periodistas y comunicadores sociales, cortándoles la señal en el momento que se juzgue conveniente”, y de acuerdo con el periodista, este bloqueo podrá abarcar desde las redes sociales hasta la aplicación Whatsapp en los teléfonos móviles.

En este sentido, el periodista especializado en informática y telecomunicaciones, Fran Monroy, hizo de conocimiento a la prensa que la velocidad de ancho de banda usada regularmente por los proveedores de Internet en Venezuela, como Inter y la estatal CANTV, disminuyó ‘sospechosamente’ en los últimos 10 días.

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“Están a 50% del promedio donde deberían estar”, dijo Moroy al tiempo que agregaba que es una situación que no debería estar sucediendo, “especialmente hay una lentitud extrema en Facebook, sobre todo para usuarios de CANTV, una lentitud que siembra duda y opacidad informativa que te lleva a que pienses mal de los entes del Estado”, indicó.

El especialista en informática y telecomunicaciones mostró preocupación al ver cómo en Venezuela se está hablando con normalidad sobre el bloqueo de Internet y de páginas web, “una situación que atenta contra la libertad de expresión y refuerza la censura.

¿Se bloquearán de nuevo las páginas web que den acceso a la información?

Años anteriores, la prensa ha reflejado que el Gobierno venezolano ha tomado la decisión de bloquear el uso del Internet para limitar y controlar las comunicaciones en ese país, por lo que es claro que no sería la primera vez que esto ocurre.

En ese sentido Luis Carlos Díaz, periodista y especialista en tecnologías e infociudadanía en este país manifestó a los medios que el Internet en ese país está en manos “de gente que administra el servicio y que no son neutrales, que toman decisiones discrecionales y que tienen en su poder la capacidad de bloquear lo que quieran”.

A su vez, hizo remembranza de las veces que este hecho se ha demostrado, como en 2010 cuando el Gobierno bloqueó páginas web como Blogspot y WordPress; así como el domingo 14 de abril de 2013 en las últimas elecciones presidenciales, cuando el vicepresidente venezolano y ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza ordenó eliminar el acceso a Internet a las ocho de la noche; y en 2014 cuando no solo se le cortó el Internet a todo el estado Táchira, sino que también se bloquearon más de 1200 páginas web de manera discrecional.

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De igual manera, Díaz manifestó que lo que intenta el Gobierno venezolano es tratar de minimizar el daño a la opinión pública que se puede generar -hacia ellos- al dar a conocerse información que considera incómoda; agregó a su vez que por lo general cuando los gobiernos intervienen el acceso a Internet ya es demasiado tarde, pues la información en la red fluye con mucha rapidez, siendo el costó político mucho mayor.

Es de conocimiento general que en 2011 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a Internet como un Derecho Humano en el mundo, razón por la cual su violación podría estar sujeta a sanciones penales internacionales. Y en Venezuela es un derecho constitucional informar y estar informados, según lo establece la Constitución Nacional en su artículo 58, donde señala que el Estado debe garantizar la información oportuna para todos los ciudadanos: “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución”.

Sin embargo, aunque esta normativa está establecida en la Carta Magna, al parecer, el Gobierno venezolano está tomando decisiones que pudiesen obstaculizar el derecho a la información y perjudicando de esta manera el buen desenvolvimiento de los periodistas durante la cobertura de las elecciones parlamentarias del próximo domingo 6 de diciembre.

Libertad de expresión en Venezuela se cuartea por los cuatro costados

En lo últimos años los reportes sobre Venezuela en el mundo entero han informado lo difícil que se le hace ejercer a los periodistas libremente su profesión y cumplir con el deber de informar a la ciudadanía de forma veraz y oportuna como reza en la Carta Magna de este país, así como los pesares que muchos profesionales de la comunicación han denunciado ante los organismos competentes sobre violaciones a sus derechos humanos y la pérdida de muchas vidas de Comunicadores durante su ejercicio periodístico.

Pero esta situación en contra de la libertad de expresión se hace más evidente cuando se cuartea los derechos de los periodistas internacionales que llegan al país para dar cobertura a la información que se crea en torno a las elecciones de este próximo domingo.

Así pues, el pasado miércoles 2 de diciembre, periodistas internacionales denunciaron a través de sus cuentas en Twitter la retención de sus equipos de trabajo para poder laborar en Venezuela, en los comicios del domingo, a lo que las autoridades alegan la supuesta falta de la declaración temporal del equipo, un documento que nunca se les solicitó de manera previa.

Ciertamente -para los periodistas- es una situación no muy clara la que alegan las autoridades del aeropuerto, puesto que de haber necesitado esta documentación se lo hubiesen solicitado al momento de tramitar su visa y permisología de trabajo en tierra venezolana, Todo esto a pesar de que los periodistas cuentan con la visa y los permisos aprobados por los entes encargados del Estado para poder transmitir desde Venezuela.

De igual manera, las irregularidades en cuanto a las exigencias para el ejercicio de esta profesión dentro de dicho país no se quedó en la retención de equipos técnicos de los diferentes medios de comunicación internacionales.

Este miércoles 2 de diciembre el gremio de periodistas de Venezuela denunció que el Ministerio de Comunicación e Información, ha condicionado el ejercicio periodístico, pues está exigiendo una carta de compromiso a los comunicadores extranjeros, en la que deben dejar por escrito que serán honestos y equilibrados al momento de difundir información.

Informó a su vez que en esta oportunidad los periodistas internacionales debieron solicitar en los consulados de Venezuela ubicados en sus ciudades de procedencia un visado especial, debiendo presentar, para conseguirlo, una serie de documentos que incluía una carta en la que los funcionarios de la embajada venezolana dieron su opinión sobre los periodistas que solicitan la acreditación, por lo que el gremio de la prensa calificó el hecho como un “largo y burocrático proceso”.

En este sentido, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruíz, indicó que con estas acciones el Estado venezolano intenta limitar el acceso a la información y lograr que “menos ojos en el mundo” observen lo que acontece en este país.

De igual manera, el sindicalista rechazó la detención de los equipos técnicos de diferentes medios de comunicación internacionales.

“No existe legislación que permita el decomiso de ningunos equipos. Pueden ser revisados, pasar por RX, pero no existe ningún elemento que permita la detención de los equipos, menos aún cuando se trata de periodistas que vienen con una visa y un aval del Ministerio de Comunicaciones”, indicó Ruíz al respecto.

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